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La Presidencia de la Nación, con la firma de Milei, rechazó en bloque los recursos de agentes civiles de la Armada Argentina que buscaban modificar sus reencasillamientos de 2017. La vía administrativa está agotada y ahora la Justicia será la única esperanza para los afectados.
Una verdadera avalancha de decretos publicados hoy en el Boletín Oficial confirma una noticia que sacude al personal civil de la Armada Argentina: el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia, ha rechazado de manera sistemática los recursos jerárquicos interpuestos por varios agentes que buscaban una mejor ubicación en el escalafón. Estos empleados, entre ellos Ángel Nicolás RACITI (D.N.I. N° 37.399.779), Patricia Emma ARDISSONE (D.N.I. N° 17.888.683), Sergio Gonzalo Ariel SMITH (D.N.I. N° 23.298.642), Hugo Antonio MOLINA (D.N.I. N° 21.950.635), Rosana Lidia ALVAREZ (D.N.I. N° 23.620.448), Erik José Gerson WALLISCH (D.N.I. N° 25.605.680) y Marcela Fabiana PEZZELLA (D.N.I. N° 26.417.054), habían recurrido las resoluciones de reencasillamiento que datan del ¡14 de julio de 2017!
El conflicto se remonta a la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614/17, que dispuso la reestructuración de los agrupamientos, niveles y grados del Personal Civil Permanente de la Armada. Desde entonces, numerosos trabajadores consideraron que su reencasillamiento fue erróneo, alegando que no se tuvieron en cuenta adecuadamente su experiencia, titulación, funciones o antigüedad.
Tras agotar la instancia de reconsideración ante el propio Ministerio de Defensa (con resoluciones de rechazo emitidas en 2023 y 2024), los agentes escalaron sus reclamos a la Presidencia de la Nación mediante el recurso jerárquico. Sin embargo, el veredicto presidencial es lapidario: todos los recursos fueron rechazados, confirmando las decisiones originales y cerrando definitivamente la vía administrativa.
La decisión presidencial, respaldada por la Oficina Nacional de Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, implica que estos empleados no tienen más opciones dentro de la esfera gubernamental para modificar su situación escalafonaria y, por ende, su salario y progresión de carrera.
"Con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial", reza el Artículo 2° de cada decreto, una frase que resuena como un ultimátum.
Ahora, la única esperanza para estos civiles de la Armada reside en los tribunales. Tienen un plazo de 180 días hábiles judiciales para interponer una acción judicial. Esto podría desencadenar una ola de litigios contra el Estado, con el potencial de generar costos legales significativos y prolongar la incertidumbre para los trabajadores involucrados.
La implicación es clara: el Gobierno actual mantiene una postura firme en la aplicación de las normativas de reencasillamiento, priorizando la estabilidad de las estructuras existentes y la interpretación rigurosa de los convenios colectivos. Para los empleados, es un recordatorio de la dureza de la burocracia estatal y la necesidad de buscar amparo en el poder judicial cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados. Manténgase informado, porque esta saga legal recién comienza.
