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El INAES refuerza la fiscalización de sucursales y filiales de cooperativas y mutuales, exigiendo un reporte digital detallado en solo diez días. La medida busca mayor transparencia y eficiencia, pero ¿es una carga administrativa adicional o un paso necesario hacia la modernización?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) puso en marcha una nueva normativa que aprieta las tuercas en el control de las sucursales y filiales de cooperativas y mutuales. A través de la Resolución 3242/2024, se establecen requisitos más estrictos y un plazo perentorio para la notificación de nuevas aperturas, buscando modernizar y digitalizar la gestión.
Las cooperativas y mutuales que decidan abrir una nueva sucursal o filial deberán remitir al INAES y al Organismo Local Competente, en un plazo de DIEZ (10) días desde su apertura, una copia del acta del órgano social que resolvió la apertura. Además, deberán detallar exhaustivamente la siguiente información:
Esta medida, que deroga la antigua Resolución INAES N.º 4516/2011, se fundamenta en la Ley 25.506 de firma digital y en el Decreto N.º 1306/16, que promueve el uso del módulo "Registro Legajo Multipropósito (RLM)" del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). El objetivo es claro: "despapelización", mayor eficiencia burocrática, simplificación administrativa y transparencia.
Como detalle de color, la Resolución 3266/2024, publicada inmediatamente después, corrigió un "error material involuntario" en la resolución original. ¿Cuál fue el olvido? Nada menos que la instrucción de "Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese" en el Artículo 4º. Un pequeño desliz que, de no haberse corregido, podría haber demorado la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Para las cooperativas y mutuales, esta actualización implica una mayor carga administrativa inicial para adaptarse a los nuevos requerimientos, pero a largo plazo podría redundar en una mayor agilidad y transparencia en la interacción con el organismo de control. Estar informado y cumplir con estos nuevos plazos es crucial para evitar sanciones y garantizar la seguridad jurídica.
