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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) revoca la autorización a casi una quincena de cooperativas, dejando en el aire su futuro y el de sus trabajadores. Una medida drástica que sacude al sector de la economía social argentina.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha dictaminado una medida que pega fuerte en el corazón de la economía social: la revocación por contrario imperio de los actos administrativos que permitían funcionar a catorce cooperativas de trabajo. Esto significa, ni más ni menos, que estas entidades pierden su habilitación legal para operar, un golpe demoledor para su continuidad y para las familias que dependen de ellas.
La decisión del INAES, amparada en artículos clave de la Ley 19.549 y el Código Civil y Comercial de la Nación, deja a estas cooperativas en una situación de cierre de facto. Sus matrículas pierden validez, lo que les impide operar legalmente, emitir facturas, acceder a créditos o participar en licitaciones públicas. Los socios trabajadores de estas cooperativas, que van desde el sector gastronómico hasta el metalúrgico, se enfrentan ahora a un futuro incierto, con la potencial pérdida de sus fuentes de ingreso y la disolución de años de esfuerzo colectivo. Para el sector cooperativo en general, es una clara señal de endurecimiento en los controles y una advertencia sobre la supervisión del organismo.
La figura de la "revocación por contrario imperio" permite a la administración pública anular sus propios actos si considera que fueron emitidos de forma irregular o si persisten vicios que los hacen ilegítimos. Si bien el aviso oficial no detalla las razones específicas para cada una de las 14 cooperativas, la magnitud de la medida sugiere una revisión profunda de la situación de estas entidades. En los últimos tiempos, ha habido debates recurrentes sobre la correcta constitución y el funcionamiento de algunas cooperativas de trabajo, lo que podría haber motivado este tipo de acciones.
"Esta movida del INAES podría interpretarse como un intento de 'limpiar' el registro de cooperativas que no cumplen con los requisitos o que han sido objeto de irregularidades", señalan algunos analistas del sector.
Las cooperativas tienen un plazo para presentar recursos administrativos: TREINTA (30) días hábiles para el Recurso de Revisión o el Recurso de Alzada, para el Recurso de Reconsideración y para el Recurso de Aclaratoria. Además, pueden optar por iniciar acciones judiciales. Es crucial que las cooperativas y sus miembros actúen rápidamente para defender sus derechos y proyectos. La falta de acción en los plazos estipulados podría significar el fin definitivo de sus operaciones. ¡El tiempo es oro en estos casos!
