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El INAES extiende por 120 días la suspensión de una resolución clave que impacta en cooperativas de trabajo, alegando la necesidad de más debate y armonización normativa. ¿Freno a la actividad o búsqueda de consenso?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha vuelto a prorrogar, por hasta CIENTO VEINTE (120) días más, la suspensión de la ejecución de la RESFC-2020-581-APN-DI#INAES. Esta resolución, que en su momento dejaba sin efecto una normativa de 1994 (Resolución N.º 1510/94 del INAC), es un punto de conflicto y debate para el sector cooperativo.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en que "no ha podido aún arribarse a un resultado claro y definitivo a partir de las actividades efectuadas ante la Secretaría de Trabajo de la Nación". Esto significa que las consultas técnicas y los debates necesarios para resolver la problemática planteada por la aplicación de la normativa suspendida no han concluido. Es la segunda prórroga consecutiva, lo que genera una señal de incertidumbre persistente para las cooperativas de trabajo en el país.
El INAES argumenta que la medida busca "evitar la posible realización de actividades fraudulentas que desnaturalizan la figura cooperativa", asegurando un movimiento cooperativo ajustado a derecho. Sin embargo, la prolongación de la suspensión también se enmarca en un proceso de "revisión y armonización integral de la normativa reglamentaria" del propio Instituto. La entidad considera que esta nueva prórroga tendrá un "impacto positivo para la realización eficaz de estas actividades", al permitir obtener un panorama claro sobre la vigencia de las disposiciones que regulan las solicitudes de autorización para funcionar de las cooperativas de trabajo.
Para el ciudadano común y las empresas del sector, esta resolución se traduce en más tiempo de espera para tener un marco regulatorio claro. Mientras tanto, la ambigüedad sobre qué normas rigen puede dificultar la planificación y el desarrollo de nuevos proyectos cooperativos, aunque el INAES insista en que busca la mejor solución para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de trabajar y ejercer toda industria lícita.
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