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El Ministerio de Salud extiende por seis meses más las intervenciones en dos obras sociales de ladrilleros, la OSPL y la OSPILM. A pesar de los esfuerzos por sanearlas, persisten deudas millonarias y riesgos financieros que ponen en jaque la cobertura de miles de afiliados.
El Ministerio de Salud de la Nación ha decidido prolongar por 180 días adicionales las intervenciones en dos obras sociales del sector ladrillero: la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) y la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM). Esta medida, dispuesta originalmente en octubre de 2024, busca asegurar la continuidad de la cobertura de salud para sus beneficiarios ante una situación financiera y administrativa crítica.
En el caso de la OSPL (Disposición 2178/2025), el interventor Jorge Carlos ALONSO (D.N.I. Nº 13.799.687) ha reportado avances significativos. Se lograron: una reducción sustancial del déficit operativo, optimización de fondos, normalización de pagos a prestadores (mediante convenios en cuotas), rescisión de contratos "exorbitantes" con acciones penales iniciadas, y el traslado de la sede para un saneamiento administrativo. Sin embargo, la entidad sigue enfrentando embargos y demandas judiciales, sumado a una deuda "significativa" con hospitales públicos. La Superintendencia de Servicios de Salud advierte que, pese a los progresos, los riesgos financieros persisten, haciendo indispensable la prórroga para una estabilización definitiva.
Para la OSPILM (Disposición 2179/2025), el licenciado Matías Antonio ABAL GRONCHI (D.N.I. Nº 30.556.100) detalló esfuerzos en la sistematización de procesos jurídicos y la implementación de un nuevo sistema informático contable, cuya finalización se estima para septiembre de 2025. Se avanzó en la validación de deudas con proveedores y la resolución de irregularidades detectadas por la Superintendencia. No obstante, la dificultad para validar deudas con hospitales públicos y la persistencia de riesgos financieros mantienen a la obra social en estado vulnerable, justificando la extensión de la intervención.
La prórroga de la intervención es una señal de que la situación es grave y requiere un control estricto del Estado para evitar un colapso. Para los trabajadores ladrilleros y sus familias, significa que su cobertura de salud sigue bajo la lupa y, aunque se buscan soluciones, la incertidumbre persiste. Es un recordatorio de la fragilidad de algunos sistemas de salud sindicales y la necesidad de una gestión transparente y eficiente. Los afiliados deben estar atentos a cualquier comunicación oficial y, ante dudas, contactar a la Superintendencia de Servicios de Salud para garantizar sus derechos.
11 de febrero de 2026
14 de julio de 2025
2 de julio de 2025
