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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se sumerge en la gestión de expedientes complejos, desde el reconocimiento de servicios insalubres hasta la recuperación de fondos por cobros indebidos que superan los 42 millones de pesos, impactando directamente en la economía de jubilados y sus herederos.
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires nos trae un panorama candente sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), que se debate entre la complejidad de los derechos previsionales y la implacable misión de recuperar fondos. Se revelan casos que tocan la fibra sensible de la sociedad, mostrando el laberinto burocrático que deben atravesar los ciudadanos.
En un giro dramático, la Resolución Nº 32271 reconoce el derecho a pensión para Loreto SCENNA, cónyuge supérstite de Beatriz Haydee ALVAREZ, incluso después de su propio fallecimiento. El beneficio, equivalente al 75% del haber jubilatorio de la causante, se liquidará a sus herederos por el período comprendido entre el 21 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025. Un recordatorio crudo de que la justicia previsional puede llegar tarde, pero llega.
Similarmente, la Resolución Nº 33.602 aborda el caso de Claudia Ivana AHUMADA, a quien se le reconoce una jubilación ordinaria póstuma como Maestra de Grado y Especializada, con un reajuste sin efectos patrimoniales. Su cónyuge, Juan Marcelo MONTEAGUDO, recibe la pensión correspondiente a partir del 25 de enero de 2023. Estos casos reflejan la lucha por el reconocimiento de años de trabajo, incluso cuando los beneficiarios ya no están para disfrutarlo.
Por otro lado, la Resolución Nº 35322 destaca la validación de servicios insalubres para Rosa Beatriz KITAGAWA, una médica residente y concurrente del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico “Dr. Alejandro Korn”. Este reconocimiento es crucial para su futuro previsional, aunque viene de la mano de una deuda de más de 16 millones de pesos por aportes personales y contribuciones patronales no efectuados, que la titular ya ha cancelado en su parte personal, pero que la parte patronal ahora recae en la Dirección de Recaudación y Fiscalización. Esto subraya la importancia de regularizar situaciones laborales para evitar futuros dolores de cabeza y montos astronómicos.
El lado más picante y sensacionalista lo trae la Resolución Nº 35050. Mirta Graciela DEL VALLE, una jubilada, se enfrenta a una deuda escalofriante de $42.383.790,10 por haber percibido haberes de forma indebida entre el 1 de febrero de 2021 y el 3 de febrero de 2025, debido a incompatibilidad con tareas laborales. El IPS, lejos de aceptar su propuesta de pago del 5% de sus haberes, decidió afectar un contundente 20% de su jubilación hasta saldar la deuda. Un golpe durísimo al bolsillo de la beneficiaria, que demuestra la firmeza del organismo frente a irregularidades.
Pero el caso de Norberto Ventura MORALEJO es aún más impactante: se le ha notificado una inhibición general de bienes por una deuda de $383.096,05 más intereses, anotada en el Registro de la Propiedad Inmueble. Una medida cautelar que paraliza cualquier venta o gravamen de sus propiedades, ilustrando la mano dura del Estado para asegurar el cobro de sus créditos. Para los ciudadanos, esto es una alerta roja: las incompatibilidades o deudas con el sistema previsional pueden tener consecuencias devastadoras para el patrimonio personal. Mantenerse informado y consultar ante cualquier duda es vital para evitar caer en estas situaciones críticas. ¡El IPS no perdona!
31 de diciembre de 2025
14 de julio de 2025
8 de julio de 2025
