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La Defensoría General de la Nación crea un régimen de contrataciones y alquileres "express" para implementar el Código Procesal Penal Federal. ¡Adiós a la burocracia para equipar la justicia y garantizar la defensa!
¡La justicia se pone a toda máquina! La Defensoría General de la Nación ha dado un paso audaz con la Resolución 914/2025, aprobando un régimen especial y acelerado para la adquisición de bienes, servicios y la locación de inmuebles. ¿El objetivo? Garantizar la implementación del flamante Código Procesal Penal Federal (CPPF), una reforma que promete cambiar la cara de la justicia en Argentina.
Este nuevo esquema, que deroga la Resolución DGN N° 1144/15, busca sortear los obstáculos burocráticos que suelen demorar la puesta en marcha de grandes reformas. La implementación progresiva del CPPF, que ya tiene fechas clave en jurisdicciones como la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (11 de agosto de 2025) y las de CORRIENTES y RESISTENCIA (1° de diciembre de 2025), exige una agilidad sin precedentes.
El régimen especial reduce drásticamente los plazos de publicación y expedición de los órganos intervinientes en las contrataciones. Para asegurar la transparencia, se exige la invitación a cotizar a diez (10) firmas del rubro y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE). Además, los llamados se publicarán por un día en el Boletín Oficial y se difundirán en la web del organismo, garantizando la publicidad necesaria. Para la locación de inmuebles, las contrataciones que superen los PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($75.000.000,00) también se regirán por estas nuevas "Condiciones Especiales", agilizando la búsqueda de nuevos espacios para las defensorías que se crearán.
La reforma del Código Procesal Penal Federal implica una reestructuración trascendental del Ministerio Público de la Defensa, con la creación de nuevas defensorías y cargos. Este régimen de contratación es vital para que la Defensoría General pueda dotarse rápidamente de la infraestructura y los recursos humanos necesarios para afrontar el nuevo sistema acusatorio y garantizar la "igualdad de armas" entre las partes del proceso.
Para los ciudadanos, esto significa que la implementación de un sistema judicial más moderno y eficiente tendrá el respaldo logístico necesario, fortaleciendo la defensa pública y, en última instancia, mejorando el acceso a la justicia. Es una señal clara de la voluntad de avanzar con la reforma judicial sin dilaciones.
