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El Ministerio de Justicia posterga la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Capital Federal, reconociendo un "conflicto institucional" con la Procuración General, que denuncia falta de recursos.
La tan ansiada reforma de la Justicia Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de sufrir un nuevo y polémico revés. El Ministerio de Justicia, a través de la Resolución 530/2025, decidió diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de CABA y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La fecha original, 11 de agosto de 2025, se pospone hasta el 10 de noviembre de 2025.
¿El trasfondo de esta decisión? Un "conflicto institucional" que el propio Ministerio admite. Mientras el Gobierno se jacta de haber desplegado "múltiples acciones" para asegurar la operatividad del nuevo sistema, invirtiendo en refacciones, equipamiento y capacitación, la Procuración General de la Nación habría informado que, desde su perspectiva, "no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables" para arrancar con el sistema acusatorio. Un choque de titanes que frena una reforma clave para la seguridad jurídica.
"La transformación del sistema procesal penal federal, pendiente desde 2014, no puede bajo ningún aspecto verse condicionada ni impedida por motivos de índole edilicia o tecnológica que se acumulan desde hace décadas." - Ministerio de Justicia
Esta postergación, calificada como "única vez y con carácter excepcional e improrrogable", busca evitar un "conflicto institucional que comprometa el servicio de justicia". Sin embargo, deja en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial/Ministerio Público, y genera incertidumbre sobre la capacidad real del Estado para llevar adelante cambios estructurales. El Ministerio ratifica su compromiso de "optimizar la gestión de los recursos disponibles" en un contexto de "austeridad", pero la realidad de la infraestructura parece ser un muro difícil de sortear.
El cronograma para otras jurisdicciones se mantiene: Corrientes y Resistencia arrancan el 1° de diciembre de 2025. Además, se fijan nuevas fechas para 2026: Posadas el 16 de marzo y La Plata el 18 de mayo. La reforma avanza a trancas y barrancas, dejando a la Capital Federal en la mira por este inesperado "impasse". Los ciudadanos comunes y los operadores de justicia deberán seguir esperando para ver la plena implementación de un sistema que promete mayor eficiencia en la persecución del delito federal.
