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El Ministerio Público Fiscal acelera la reforma judicial con el llamado a dos concursos para cubrir vacantes de fiscales, incluyendo un Fiscal General, en un movimiento estratégico ante la inminente implementación del sistema acusatorio en la justicia federal porteña.
¡Bomba en los Tribunales Federales! El Ministerio Público Fiscal de la Nación no pierde el tiempo y, en un movimiento que sacude los cimientos de la justicia porteña, ha lanzado dos convocatorias cruciales para cubrir puestos de fiscales. La Procuración General de la Nación publicó las Resoluciones 48/2025 y 49/2025, que abren el Concurso Abierto y Público de Oposición y Antecedentes N° 133 para dos vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Fiscalías 6 y 7), y el Concurso N° 134 para una vacante de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
La movida no es menor. Se da en un contexto de urgencia institucional debido a la próxima implementación del sistema acusatorio dispuesto en el Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063) en la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa un cambio profundo en la forma en que se investigan y juzgan los delitos, otorgando un rol protagónico al fiscal. Contar con los cuadros adecuados es vital para que la transición no sea un caos.
Los aspirantes deberán cumplir con requisitos exigidos por la Ley 27.148 y el Reglamento de Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La inscripción, un proceso ya digitalizado, se realizará a través del "Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os".
"Velar por el desempeño eficaz y oportuno de las obligaciones constitucionales y legales en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación es nuestra prioridad", reza el considerando de las resoluciones.
Para el ciudadano común, esto significa que la justicia federal en CABA se está preparando para ser más ágil y eficiente, al menos en teoría. La calidad de los fiscales que se elijan impactará directamente en la persecución del delito y en la garantía de los derechos. Es una oportunidad para la renovación y el fortalecimiento de una institución clave.
