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El Consejo de la Magistratura abre la puerta a nuevos jueces federales en San Luis y Mendoza, pero con una exigencia que sacude la tradición: ¡capacitación en perspectiva de género y ambiente!
El Poder Judicial de la Nación, a través del Consejo de la Magistratura, ha lanzado un llamativo proceso para cubrir dos vacantes clave en la justicia federal. Se trata de concursos públicos de oposición y antecedentes para un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis (Concurso Nº 522) y otro en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza (Concurso Nº 525). Lo que realmente enciende la polémica y marca una tendencia es la obligatoriedad para los postulantes de acreditar capacitación en materia de perspectiva de género, ambiental y derechos de niñas, niños y adolescentes, con un mínimo de 20 horas. Esto no es un detalle menor; representa un giro cultural en la selección de magistrados, buscando una justicia más sensible a las demandas sociales actuales.
Los interesados tienen del 8 al 12 de septiembre de 2025 para inscribirse electrónicamente. Las pruebas de oposición serán el 9 de octubre de 2025 para San Luis y el 10 de octubre de 2025 para Mendoza. Esta medida, si bien administrativa, muestra un intento del sistema judicial de modernizarse y adaptarse a los nuevos paradigmas sociales. Para los ciudadanos, significa que los futuros jueces que impartirán justicia en casos federales clave, desde narcotráfico hasta corrupción, deberán tener una formación más integral y acorde a los tiempos que corren. La transparencia se busca garantizar con la publicación de listados de inscriptos y currículums, abriendo la puerta a posibles impugnaciones.
Si bien es un proceso interno del Poder Judicial, la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en la formación de los jueces federales podría traducirse en fallos más equitativos y sensibles a las problemáticas actuales, impactando en la calidad de la justicia que reciben todos los ciudadanos.
