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El Poder Ejecutivo Nacional fuerza la inclusión de los proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso a partir de febrero. Un tema explosivo que promete encender la discusión política y social.
El Poder Ejecutivo Nacional ha puesto sobre la mesa un tema explosivo que promete generar un intenso debate en el Honorable Congreso de la Nación: la consideración de los proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. A través del Decreto 53/2026, se ha incluido este delicado asunto en el temario a tratar durante el período de Sesiones Extraordinarias, que comenzarán el próximo 2 de febrero de 2026.
La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil es una de las más sensibles y polarizantes de la agenda pública. Involucra la definición de la edad de imputabilidad, el tratamiento de los menores que cometen delitos y la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, y la demanda de seguridad por parte de la sociedad.
La inclusión de este tema en sesiones extraordinarias implica una urgencia política por parte del Gobierno para avanzar en una reforma que ha sido largamente reclamada por distintos sectores, pero que también genera profundas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez y adolescencia.
"En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA: ARTÍCULO 1°.- Inclúyese en el temario a tratar por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil."
La reforma del Régimen Penal Juvenil podría implicar cambios sustanciales en la forma en que el Estado aborda la delincuencia juvenil, desde la prevención hasta la sanción y la reinserción. Las implicaciones son enormes, afectando no solo a los jóvenes involucrados, sino a toda la estructura social y judicial del país. La ciudadanía debe estar atenta a los detalles de los proyectos que se presenten y a los argumentos de cada sector, ya que el impacto de estas leyes será directo en la vida de miles de familias y en la percepción de justicia y seguridad.
La presión del Ejecutivo para que el Congreso trate este tema de manera acelerada, en un contexto de sesiones extraordinarias, sugiere la voluntad de una pronta definición, lo que podría generar un debate intenso y quizás acalorado en el parlamento.
