Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Un doble golpe al bolsillo: la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó drásticamente los aranceles de múltiples servicios administrativos y dictámenes periciales, elevando los costos para profesionales y ciudadanos que buscan justicia. ¿Un nuevo obstáculo para el acceso al sistema judicial?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desatado una verdadera tormenta en el ámbito judicial al anunciar una drástica actualización de aranceles para diversos servicios administrativos y dictámenes periciales. Publicadas en el Boletín Oficial, las Acordadas 17/2025 y 18/2025, fechadas el 11 de julio de 2025, justifican estos incrementos por el "tiempo transcurrido" desde las últimas modificaciones (Acordadas 23/2024 y 24/2024), una velada referencia a la inflación que carcome los bolsillos argentinos.
¿Qué cambia exactamente? El costo de la inscripción de peritos, síndicos y martilleros, así como abogados de la matrícula federal, se dispara a $45.000. Presentar una denuncia ante la Dirección de Sumarios ahora cuesta $15.000, aunque este monto será reintegrado si se comprueba la veracidad de los hechos. La expedición de certificados y testimonios asciende a $5.000, mientras que las fotocopias de resoluciones y sentencias costarán $500 por hoja. Incluso las consultas a las oficinas de jurisprudencia y expedientes archivados tienen nuevas tarifas de $5.000.
Pero el mazazo no termina ahí. La Acordada 18/2025 fijó el arancel para los dictámenes periciales realizados por el Cuerpo Médico Forense, Peritos Contadores Oficiales, Calígrafos Oficiales y Tasadores en la asombrosa suma de $50.000. Esto significa que cualquier proceso judicial que requiera la intervención de un experto técnico verá sus costos incrementados de forma significativa.
¿Cómo afecta esto a la sociedad? La medida impacta directamente a abogados, contadores, médicos, martilleros y, en última instancia, a cualquier ciudadano o empresa que necesite recurrir al sistema judicial. Estos aumentos pueden ralentizar procesos, desalentar la interposición de denuncias o, peor aún, hacer que ciertos litigios sean económicamente inviables para muchos. La Corte autorizó a la Cámara Nacional Electoral a adecuar sus propios aranceles, lo que augura más incrementos. Esta decisión, que entró en vigencia con su publicación, reabre el debate sobre el acceso a la justicia y si, con estas tarifas, se está convirtiendo en un privilegio para unos pocos.
"La justicia, ¿se vuelve un lujo en Argentina?"
