¡Justicia para un Agente de la Armada! ¿O un 'No' Rotundo del Estado?

En un fallo que sienta precedente para el personal civil de las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo Nacional le bajó el pulgar al reclamo de Darío Alberto García (D.N.I. Nº 26.902.145), un agente de planta permanente de la Armada Argentina. García había interpuesto un recurso jerárquico contra una resolución del Ministerio de Defensa de 2017, que dispuso su reencasillamiento en el Agrupamiento Producción, Nivel VII, Grado 1 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. Su argumento: un supuesto error en la asignación de su categoría, basada en su antigüedad y formación como Técnico Mecánico Electricista.

Sin embargo, tras un exhaustivo análisis que incluyó el formulario de recopilación de datos y la aplicación de los artículos 132 al 141 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, el Gobierno determinó que la reubicación de García fue correcta y conforme a derecho. Se consideró su antigüedad al 31 de octubre de 2016 (DOS años, NUEVE meses y CATORCE días) y su nivel de estudios. Este decreto no solo rechaza el recurso, sino que agota la vía administrativa para García, dejándole como única opción la acción judicial. Para los empleados públicos, esta resolución es un recordatorio de la rigurosidad con la que se aplican los convenios colectivos y la dificultad de revertir decisiones de reencasillamiento una vez formalizadas. El mensaje es claro: las reglas están escritas y se aplican con mano dura, incluso en casos individuales.