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La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, autorizó la entrega de mercadería incautada en Aduana a la Comuna de Villa El Chacay, Córdoba, para cubrir necesidades básicas y mejorar la iluminación pública, en un gesto de asistencia directa.
Un golpe de efecto con impacto social directo. La Secretaría General de la Presidencia, bajo la batuta de Karina Elizabeth Milei, acaba de firmar la Resolución 1/2025, que cede sin cargo una importante cantidad de bienes de rezago aduanero a la Comuna de Villa El Chacay, en la provincia de Córdoba. Esta medida, que se ampara en la Ley N° 25.603, busca atender tanto la emergencia social como la necesidad de modernización de la infraestructura local.
La donación incluye una amplia gama de mercaderías que han sido incautadas por la Aduana de General Deheza y la Aduana de Córdoba. ¿De qué hablamos? Pues de artículos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene personal, ropa de cama, vestimenta y calzado. Pero eso no es todo: también se incluyen bienes que permitirán la actualización de la luminaria pública del pueblo, un avance significativo para la seguridad y calidad de vida de sus habitantes. La Comuna de Villa El Chacay fue la beneficiaria directa de esta cesión, tras haber solicitado formalmente la ayuda.
Para una localidad como Villa El Chacay, esta asistencia es crucial. Los artículos de primera necesidad irán directamente a cubrir las carencias más básicas de la población, mientras que la mejora de la iluminación pública no solo embellecerá el lugar, sino que también contribuirá a la seguridad y al ahorro energético. La Ley N° 25.603 es clara: estos bienes no podrán ser comercializados por los beneficiarios durante CINCO (5) años, asegurando que el destino sea exclusivamente social.
Las mercaderías involucradas fueron puestas a disposición por el Servicio Aduanero. Es importante destacar que organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) intervinieron para certificar que los bienes a ceder como artículos de primera necesidad fueran aptos, garantizando la seguridad de los productos. Además, otros bienes contaron con su certificado de Seguridad Eléctrica, asegurando su utilidad y seguridad.
Los beneficiarios tienen un plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial para retirar los bienes de los depósitos fiscales. Esta resolución es un claro ejemplo de cómo el Estado puede redistribuir recursos incautados para el beneficio directo de las comunidades más necesitadas, transformando lo que podría ser un desecho en una oportunidad de mejora para la gente. Ciudadanos, ¡a seguir de cerca cómo se implementa esta ayuda!
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