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Una lluvia de disposiciones de la Secretaría General de la Presidencia cede sin cargo mercaderías de rezago aduanero a diversos organismos estatales y hasta una ONG deportiva. ¿Fin del acopio o reparto estratégico?
La Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la firma de Eduardo Menem, ha desatado una verdadera "ola" de cesiones de bienes. A través de las Disposiciones 51/2025, 52/2025, 53/2025, 54/2025, 55/2025 y 56/2025, se oficializa la entrega sin cargo de un sinfín de mercaderías incautadas por la Aduana, que van desde vehículos hasta contenedores y neumáticos, con un destino claro: fortalecer la operatividad de diversos entes estatales y, en un caso particular, apoyar a una asociación civil.
Todas estas cesiones se realizan bajo el paraguas de la Ley N° 25.603, que permite al servicio aduanero disponer de mercaderías aptas para organismos estatales o asociaciones, con la condición de no comercializarlas por un plazo de CINCO (5) años. Esta movida del Gobierno busca optimizar recursos, poniendo en uso bienes que de otro modo se deteriorarían en depósitos fiscales. Es un claro ejemplo de cómo el Estado intenta reutilizar lo que incauta, pero también genera interrogantes sobre la transparencia y los criterios de asignación, especialmente cuando se trata de organizaciones no estatales. ¿Se prioriza el bien común o hay preferencias ocultas? Los plazos para el retiro (10 días) y la confirmación de inventario (90 días hábiles) son estrictos, lo que sugiere un intento de agilizar el proceso y evitar demoras burocráticas.
