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Desde psicotrópicos hasta mantenimiento edilicio, la Provincia de Buenos Aires moviliza cifras impactantes en adquisiciones y servicios para sus hospitales, en un torbellino de trámites y ajustes administrativos.
El aparato estatal bonaerense no descansa, y el Boletín Oficial de hoy es un claro reflejo de ello. Una serie de disposiciones, aunque rutinarias, revelan el enorme volumen de gasto público y la complejidad administrativa detrás del funcionamiento de la provincia.
Además de estas licitaciones, el Boletín registra otros movimientos administrativos menores: una rectificación de fecha de apertura de ofertas para el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (Proceso de Compra 550-0015-CDI26, ahora 18 de febrero de 2026) y una Resolución 32 del Ministerio de Transporte que, misteriosamente, solo cita normativas sin detallar su contenido. Estos trámites, aunque técnicos, son la base del funcionamiento gubernamental.
“Estas cifras, aunque parte del presupuesto ordinario, muestran la magnitud de los recursos que se movilizan para mantener los servicios esenciales, especialmente en salud, y la flexibilidad que otorgan las leyes de emergencia.” El impacto de mercado es neutral a ligeramente positivo para las empresas proveedoras de bienes y servicios del Estado, que encuentran oportunidades de negocio. Para el ciudadano, son gastos necesarios que garantizan el funcionamiento de servicios públicos esenciales, pero que requieren de una fiscalización constante.
