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El Ministerio de Cultura porteño formaliza una catarata de resoluciones para aprobar contratos de servicios artísticos. La opacidad de los detalles reabre el debate sobre la asignación de fondos públicos en el ámbito cultural y la transparencia en el gasto.
El Boletín Oficial se convirtió, una vez más, en el escenario de una verdadera maratón de aprobaciones por parte del Ministerio de Cultura. En un solo día, se publicaron ocho resoluciones (desde la N° 453/MCGC/26 hasta la N° 461/MCGC/26, con la N° 459/MCGC/26 ausente en este lote) que dan el visto bueno a una serie de contratos de locación de servicios artísticos. Esto, a buen entendedor, significa una cosa: el Estado sigue desembolsando fondos públicos para financiar actividades y prestaciones en el ámbito cultural.
Básicamente, el Ministerio de Cultura está formalizando acuerdos con distintos artistas o grupos para la realización de diversas actividades. Esto es un procedimiento administrativo habitual, pero la reiteración y el volumen de estas aprobaciones llaman la atención. Cada resolución, de manera escueta, se limita a 'aprobar contrato de locación de servicios artísticos', sin brindar mayores detalles sobre quiénes son los beneficiarios, qué tipo de servicios prestarán o, lo más importante, cuánto costarán estos servicios a las arcas públicas.
Si bien la promoción de la cultura es un pilar fundamental, la falta de transparencia en la información específica sobre estos contratos genera interrogantes. Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gastan sus impuestos. ¿Se trata de artistas consagrados, emergentes, o de proyectos específicos? ¿Cuáles son los criterios de selección? La ausencia de estos datos en el Boletín Oficial impide un análisis profundo y abre la puerta a especulaciones.
Este tipo de movimientos administrativos, aunque rutinarios, nos recuerdan la importancia de la fiscalización ciudadana. El Ministerio de Cultura es el organismo responsable de esta asignación de recursos, y se espera que la ejecución de estos contratos se realice con la mayor eficiencia y transparencia posible. En tiempos de ajuste y debate sobre el rol del Estado, cada peso cuenta, y el destino de los fondos culturales no es la excepción.
"La transparencia no es un lujo, es una obligación en la gestión de los fondos públicos."
Para el ciudadano común, es fundamental estar atento a futuras publicaciones o informes que puedan detallar los montos y beneficiarios de estos contratos, ya que esto impacta directamente en cómo se administran los recursos que todos aportamos.
