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La Procuración del Tesoro de la Nación aprueba un régimen más 'justo y racional' para la distribución de honorarios judiciales, prometiendo transparencia pero levantando suspicacias en el Cuerpo de Abogados del Estado.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ha metido mano en la billetera de los letrados estatales. Se ha aprobado un nuevo Régimen de Percepción y Distribución de Honorarios en Litigios para el personal de la PTN, derogando la antigua Resolución N° 57/2000. Este cambio busca un sistema 'más justo y racional' en la distribución de los honorarios judiciales regulados a favor del Estado en los juicios donde interviene, siempre y cuando estos sean a cargo de la parte contraria y abonados por ella.
El anterior esquema fue calificado de 'confuso y poco representativo de la relevancia de las tareas'. El nuevo, en cambio, promete contemplar la responsabilidad profesional que asumen los diversos abogados intervinientes. Aunque preserva la participación del personal administrativo, lo hace en una 'proporcionalidad menor', reconociendo en 'justa medida' a quienes integran la infraestructura de apoyo. Esto significa que los abogados que llevan el peso de los litigios podrían ver una mayor porción de los honorarios, mientras que el personal de soporte recibiría una parte menor.
Además, se establecen normas para regular la actuación de los profesionales ante la regulación de honorarios, buscando garantizar la transparencia en su posterior distribución. La Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa deberá abrir una cuenta bancaria exclusiva para estos fines y notificar el nuevo régimen a todo el personal, incluyendo a futuras incorporaciones.
Este movimiento es crucial para los miles de abogados que integran el Cuerpo de Abogados del Estado, ya que sus ingresos por honorarios pueden ser una parte significativa de su remuneración total. La PTN, como máximo órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo, tiene la potestad de dictar estas normas. La medida apunta a una mayor equidad interna y transparencia, pero no está exenta de posibles tensiones entre las distintas categorías de personal afectado. Es un paso hacia una gestión más ordenada de los recursos generados por la defensa del Estado, buscando incentivar la eficiencia y la responsabilidad individual en el ámbito legal público.
