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En un giro que desafía el discurso de 'achicar el Estado', la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, extiende por 180 días hábiles designaciones transitorias clave, evitando los concursos públicos. ¿Dónde quedó la meritocracia?
Mientras el discurso oficial pregona la reducción del gasto público y la meritocracia, la realidad del Boletín Oficial muestra otra cara: la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Elizabeth Milei, acaba de prorrogar tres designaciones transitorias de altos funcionarios, extendiendo su permanencia en cargos clave sin pasar por el tan mentado proceso de selección.
Se trata de la arquitecta María Elena MAZZANTINI (D.N.I. Nº 12.779.996), quien continuará como Directora de Patrimonio a partir del 1° de julio de 2025; el Dr. Gonzalo CANTÓ (D.N.I. Nº 17.885.670), que seguirá al frente de la Dirección de Asuntos Contenciosos desde la misma fecha; y el señor Alberto Oscar GARCÍA (D.N.I. N° 10.464.051), cuya prórroga como Director General de Gestión de la Documentación arranca el 26 de junio de 2025. Todos ellos con un plazo de 180 días hábiles, y con la particularidad de que se autoriza el pago de un Suplemento por Función Ejecutiva, incluso con 'autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos' en el caso de García.
Estas prórrogas se justifican bajo el argumento de 'razones operativas' y la no realización de la 'correspondiente convocatoria al proceso de selección'. Esto, en la práctica, significa que se siguen designando y manteniendo funcionarios 'a dedo', sin concursos que garanticen la idoneidad y la transparencia, contraviniendo el espíritu de un Estado más eficiente y desburocratizado.
'La no realización de concursos para cargos de planta permanente es una práctica arraigada en la administración pública que el actual gobierno prometió erradicar.'
La situación genera un interrogante sobre la coherencia entre el discurso y la gestión. Si bien se mencionan modificaciones en la estructura organizativa y la necesidad de cubrir cargos, la persistencia de designaciones transitorias y la excepción a los requisitos mínimos revelan las dificultades para implementar cambios profundos en la burocracia estatal. Para el ciudadano común, esto se traduce en una administración que, al menos en este aspecto, sigue funcionando con las viejas lógicas que tanto se criticaron.
