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La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó su presupuesto para 2026 en más de $378 mil millones, declarando 'insuficientes' los límites impuestos por el Poder Ejecutivo y reclamando plena autonomía financiera.
En un claro mensaje de independencia de poderes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido su propio presupuesto de gastos para el ejercicio 2026 en la imponente suma de $378.087.606.265. La Acordada 26/2025, firmada por los Ministros, no solo detalla la asignación de fondos para personal, bienes de consumo, servicios y bienes de uso, sino que lanza una crítica directa al Poder Ejecutivo Nacional.
El Tribunal supremo consideró que los “techos presupuestarios” comunicados por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía resultan “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Esta declaración subraya la tensión existente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en materia de asignación de recursos, un debate recurrente sobre la autarquía financiera de la Justicia, consagrada en la Ley 23.853.
El presupuesto contempla 4.732 cargos de personal, una cifra que incluye la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), y destina fondos significativos para:
Además, la Corte exige la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y la plena autonomía presupuestaria, elementos que considera “indispensables para el cumplimiento de la indelegable misión de administrar justicia”. Se destaca la inversión en infraestructura, incluyendo el plan de preservación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional.
Este pronunciamiento no es menor. Refleja la preocupación de la cabeza del Poder Judicial por garantizar el correcto funcionamiento de la justicia frente a las restricciones económicas impuestas por el gobierno. Para los ciudadanos, un presupuesto judicial adecuado es clave para asegurar un servicio de justicia eficiente y rápido, especialmente en un contexto de mejora en la gestión judicial y atención a delitos complejos y crimen organizado. La disputa por los recursos es una batalla por la independencia y la capacidad operativa de uno de los pilares de la República.
