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El Ministerio de Justicia redobla la apuesta por la reforma penal, implementando el sistema acusatorio en dos cámaras federales clave en 2025. ¿Menos impunidad y más celeridad?
El Ministerio de Justicia pisa el acelerador en la modernización de la justicia penal federal. La Resolución 377/2024 oficializa un ambicioso cronograma para la entrada en vigencia plena del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (a partir del 7 de abril de 2025) y la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca (desde el 5 de mayo de 2025).
Esta medida no es un detalle menor: significa la consolidación del sistema acusatorio, que promete ser un verdadero terremoto en la forma de investigar y juzgar delitos federales. Atrás quedará el viejo sistema inquisitivo, lento y burocrático, para dar paso a un modelo basado en la oralidad, publicidad, contradicción, inmediatez y celeridad. El objetivo es claro: combatir el "estancamiento" de la reforma y permitir una "política de persecución penal estratégica".
La implementación progresiva ya tiene antecedentes en Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, lo que demuestra la voluntad política de extender este cambio estructural. Para los ciudadanos, esto debería traducirse en procesos judiciales más rápidos y transparentes, y una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos complejos que suelen caer bajo la órbita federal. La expectativa es alta: ¿logrará esta reforma procesal la tan ansiada "justicia rápida y eficiente" que demanda la sociedad? El Ministro Mariano Cúneo Libarona lidera este proceso, que se presenta como una de las prioridades de la gestión.
