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La ex Junta de Seguridad en el Transporte, ahora Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, puso en disponibilidad a parte de su personal de planta permanente. Una medida que genera incertidumbre y recalienta el debate sobre la reestructuración del Estado.
El gobierno sigue apretando el acelerador en su plan de reestructuración estatal, y esta vez le tocó a la ex Junta de Seguridad en el Transporte. A través de la Disposición 1/2025, la flamante Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación acaba de anunciar que un grupo de su personal, con estabilidad adquirida, quedará en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce meses. Una noticia que golpea directamente a los trabajadores y genera un fuerte cimbronazo en el ámbito público.
La decisión es una consecuencia directa de la reorganización dispuesta por los Decretos 461/2025 y 585/2025, que transformaron la antigua Junta en la nueva Agencia bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Poner a los empleados "en disponibilidad" implica que, si bien mantienen su vínculo laboral por un tiempo, sus funciones se suspenden y su futuro es incierto. Es el paso previo a una posible desvinculación si no son reasignados o reubicados en otras áreas del Estado.
Para los trabajadores afectados, la medida significa incertidumbre laboral y un golpe a su estabilidad. Es la cara más visible de un plan que busca achicar la planta estatal. Para la sociedad, este tipo de reestructuraciones puede interpretarse de diversas maneras: algunos lo verán como un paso necesario para la eficiencia del Estado y la reducción del gasto público, mientras que otros lo criticarán como una precarización del empleo público y una afectación de servicios esenciales. La Agencia es clave en la investigación de accidentes aéreos, una función vital para la seguridad en el transporte.
Esta disposición se ampara en el artículo 11 de la Ley 25.164 y su reglamentación, que prevén la disponibilidad de personal en casos de reestructuración. La resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública es el marco normativo que habilita estas decisiones. El Anexo IF-2025-91926687-APN-RRHH#JST, que no se publica en el Boletín Oficial pero se adjunta en la versión web, detalla la lista de los agentes afectados.
La medida no solo afecta al personal de planta, sino que también limita cualquier licencia sin goce de haberes, comisiones de servicio o asignaciones transitorias de funciones. Esto marca un corte drástico en la continuidad de ciertas tareas y demuestra la profundidad de la reforma impulsada por el gobierno. El debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado sigue más vivo que nunca.
