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La Oficina Anticorrupción aprobó un documento clave para estandarizar los Programas de Integridad en todo el Sector Público Nacional. Una herramienta ambiciosa que busca fortalecer la transparencia y la ética, ¿pero será suficiente para erradicar la corrupción?
En un movimiento estratégico para combatir uno de los males endémicos del Estado, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) ha dado a conocer su flamante "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional". Esta resolución, la 12/2025, no es un mero formalismo: es la hoja de ruta que deberán seguir todos los organismos públicos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.
La Guía, elaborada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad, se presenta como un documento integral que abarca desde la planificación hasta la evaluación de las políticas de integridad. Su objetivo es unificar criterios y asegurar que cada dependencia estatal cuente con un programa robusto para fomentar la ética y la transparencia. Entre los componentes esenciales que se destacan, encontramos:
La OA busca con esta medida cumplir con los compromisos asumidos por Argentina en diversas convenciones internacionales contra la corrupción (Leyes Nros. 24.759, 25.319 y 26.097) y con la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188).
La iniciativa es, sin dudas, ambiciosa. La corrupción es un fenómeno complejo que requiere de herramientas integrales, y esta Guía busca ser una de ellas. Al estandarizar los programas de integridad, se espera que haya menos resquicios para las prácticas ilícitas y que se fortalezcan las capacidades institucionales. Además, la OA promoverá su difusión a nivel federal, invitando a provincias y municipios a sumarse a esta cruzada.
Sin embargo, la historia argentina está plagada de buenas intenciones y normativas que luego no se cumplen cabalmente. El verdadero desafío será la implementación efectiva y el monitoreo constante de estos programas. Para el ciudadano, esto significa la promesa de un Estado más transparente y honesto, donde el acceso a la información y la posibilidad de denunciar irregularidades sean más sencillos y efectivos. ¿Será esta Guía el principio del fin de la impunidad o solo un nuevo capítulo en la eterna lucha contra la corrupción?
