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El Gobierno sigue moviendo fichas y prorrogando designaciones "transitorias" en organismos clave como SENASA, Ciencia y Tecnología, y Jefatura de Gabinete. ¿Estabilidad o un festival de parches en la administración pública?
La maquinaria estatal no se detiene y, lejos de consolidar cargos permanentes, el Gobierno insiste con las designaciones transitorias y sus prórrogas. Esta vez, el Boletín Oficial nos trae una batería de movimientos que afectan a entidades tan disímiles como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTYI) y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En el SENASA, se designa transitoriamente a la abogada María José Boyesuk (DNI Nº 26.744.913) como Coordinadora Jurídica de Delegación Regional III, a partir del 1° de noviembre de 2024 y por 180 días hábiles. También, el ingeniero agrónomo Diego Alejandro Pérez (DNI Nº 34.552.851) asume como Coordinador General de Contingencia y Emergencias, desde el 11 de septiembre de 2024, también por 180 días hábiles. Ambos cargos, según se detalla, deberán ser cubiertos mediante concurso, pero la realidad muestra que estas "transitorias" suelen extenderse indefinidamente.
En la ANPIDTYI, el licenciado Javier Esteban MARTINEZ (DNI N° 29.152.998) ve prorrogada su designación como Director de Evaluación Técnica de Proyectos de Investigación, desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Una prórroga que, como muchas otras, evade el proceso de selección definitivo.
La Jefatura de Gabinete también se suma a la tendencia, prorrogando la designación de Fabiana Amelia PRIANI (DNI 20.215.115) como Coordinadora de Relaciones Institucionales, a partir del 7 de agosto de 2025 y por 180 días hábiles.
Estos movimientos, aunque administrativos y en apariencia menores, reflejan una constante en la administración pública: la preferencia por cargos temporales y la dilación en la cobertura definitiva. Esto genera incertidumbre en el personal y pone en jaque la planificación a largo plazo de las políticas de Estado. Para el ciudadano, significa que importantes funciones públicas son ocupadas por figuras que no pasaron por un concurso abierto y transparente, ¿afectando la eficiencia o la idoneidad?
