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La Sindicatura General de la Nación pone la lupa en los pagos pendientes a ex-trabajadores de Altos Hornos Zapla, una herida abierta de las privatizaciones. Se aprueban lineamientos para auditar cada centavo y evitar nuevos escándalos.
Una historia de décadas, la de los ex-trabajadores del Establecimiento Altos Hornos Zapla, vuelve al centro de la escena con la Resolución 263/2025 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este organismo de control ha dictado "Lineamientos para la intervención de la SIGEN y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía" para fiscalizar el resarcimiento previsto por la Ley N° 26.700, una norma que busca compensar a quienes no fueron incluidos en el Programa de Propiedad Participada tras la privatización de la empresa.
La Ley 26.700, junto a su Decreto reglamentario N° 1.006/2024, estableció las pautas para indemnizar a los ex-agentes de Zapla o sus derechohabientes. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y ya aprobó la nómina de beneficiarios y los montos indemnizatorios. Sin embargo, la SIGEN entra en juego para garantizar la transparencia y la consistencia de la documentación, especialmente cuando los montos superan un umbral significativo.
"La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN intervendrá en el expediente administrativo donde tramita la cancelación del resarcimiento, cuando el monto fuere igual o mayor a PESOS SESENTA Y SIETE MIL ($ 67.000), a valores del 2 de mayo de 2022."
Este umbral es clave: si el pago es igual o superior a $67.000 (a valores de mayo de 2022), la SIGEN tomará intervención directa. Si es menor, lo hará la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía. Esta medida es fundamental para un grupo de ciudadanos que han esperado por años una reparación, y garantiza que los fondos públicos se destinen correctamente. Es un recordatorio de las deudas históricas que el Estado aún arrastra y la necesidad de un control férreo para cerrarlas sin nuevas controversias.
