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El Gobierno desregula de un plumazo la formación profesional de conductores de colectivos, abriendo el mercado a múltiples prestadores y enterrando un monopolio que duró casi dos décadas.
¡Atención, choferes y empresas de transporte! La Secretaría de Transporte ha lanzado una bomba regulatoria con la Resolución 59/2024, que abroga las resoluciones que crearon y monopolizaron el Sistema Nacional de Educación y Formación Profesional del Personal de Conducción Afectado a Servicios de Transporte por Automotor de Pasajeros. Esto significa el fin de casi dos décadas de monopolio de la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros como único prestador de capacitación habilitado.
La medida se alinea con la política de desregulación masiva impulsada por el DNU 70/2023, que busca promover la libre concurrencia, la propiedad privada y la libre circulación de bienes y servicios. El objetivo es claro: "dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda."
"Esta decisión abrirá el juego y permitirá que más actores ofrezcan capacitaciones, lo que debería mejorar la calidad y bajar los costos", explicó un funcionario del área.
¿Qué cambia exactamente? Antes, solo un ente podía capacitar a los choferes de micros de larga distancia y urbanos de jurisdicción nacional. Ahora, la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá adecuar su marco reglamentario para permitir que cualquier proveedor particular idóneo pueda brindar esta formación. Esto promete una mayor oferta de cursos, más competencia y, potencialmente, una mejora en la calidad de la formación de los conductores, lo que a su vez podría impactar positivamente en la seguridad vial. Para las empresas de transporte, significa más opciones y quizás menores costos de capacitación. Para los choferes, más lugares para formarse y actualizarse. Es una clara señal de un gobierno que busca reducir la intervención estatal y fomentar el mercado en sectores clave.
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