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El Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal pone fin al limbo de miles de propiedades al aplicar un plazo de caducidad de 35 años para hipotecas antiguas a favor de organismos oficiales, liberando títulos y agilizando el mercado.
Una noticia que hará suspirar de alivio a miles de propietarios y dinamizará el mercado inmobiliario. La Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal ha dictado la Disposición 18/2025, una medida que busca limpiar el historial de propiedades que arrastran viejas hipotecas constituidas a favor de organismos o instituciones nacionales, provinciales o municipales, especialmente aquellas en moneda nacional anterior a la vigente.
El punto clave es la aplicación del artículo 2210 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los efectos del registro de una hipoteca se conservan por un plazo máximo de treinta y cinco (35) años, si no se renueva antes. Esta disposición es un golpe de timón para resolver una problemática histórica: la existencia de gravámenes hipotecarios constituidos hace décadas, muchos de ellos en monedas ya inexistentes (Pesos Moneda Nacional, Pesos Ley 18.188, Australes), que han perdido su valor real debido a la depreciación monetaria. Además, la desaparición o absorción de muchos de los organismos acreedores hacía imposible su cancelación formal.
Esta medida facilitará la caducidad de estos asientos registrales, permitiendo a los titulares de las propiedades regularizar su situación dominial sin necesidad de complejas gestiones con entidades que, en muchos casos, ya no existen o cuya deuda es insignificante. La solicitud de caducidad podrá realizarse mediante un simple formulario con firma certificada.
Sin embargo, no todo es tan simple: la disposición excluye expresamente a hipotecas constituidas a favor de bancos como el Provincia, Nación, Hipotecario (anteriores a 2007) y Ciudad de Buenos Aires, así como otras instituciones que por leyes especiales tengan plazos de caducidad diferentes. En estos casos, las hipotecas seguirán vigentes hasta su cancelación rogada. Esta distinción es crucial para entender el alcance real de la medida.
