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En un movimiento audaz, el Poder Ejecutivo derogó el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), prometiendo desburocratización y precios libres. ¿Fin de las trabas o inicio del caos en las rutas?
El Gobierno Nacional, en su cruzada por la desregulación y la eliminación de la 'burocracia inútil', ha asestado un golpe demoledor al entramado estatal: mediante el Decreto 1109/2024, derogó el controvertido Registro Único del Transporte Automotor (RUTA). Esta medida, que entra en vigencia inmediatamente, busca liberar las fuerzas productivas y reducir los costos operativos en un sector clave para la economía argentina.
Creado por la Ley N° 24.653 y reglamentado por el Decreto N° 1035/02, el RUTA era un requisito indispensable para cualquier transportista de cargas en el ámbito nacional e internacional. Su objetivo original era evitar la precarización y la informalidad, buscando encuadrar la actividad en aspectos reglamentarios, laborales y fiscales.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo argumenta que el RUTA se convirtió en una "carga burocrática que entorpece la libre iniciativa", duplicando facultades de fiscalización y exigiendo documentación que ya poseía el Estado. En palabras del decreto, era un "dispendio irracional de recursos públicos" y una "traba injustificada" que alimentaba un "sistema corporativo" a través de regulaciones innecesarias.
Esta medida se enmarca en la "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética" declarada por la Ley N° 27.742, y busca "mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad". Es una apuesta fuerte por la desregulación total, que sin duda generará debates sobre el equilibrio entre la libertad económica y la fiscalización estatal. Los transportistas celebran, pero ¿qué pasará con la informalidad que el RUTA pretendía combatir?
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