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Un aluvión de licitaciones públicas sacude la provincia de Buenos Aires, con municipios como Lanús y Malvinas Argentinas movilizando cientos y miles de millones para alimentos, seguros y obras clave. ¿Quién se lleva la tajada?
La provincia de Buenos Aires se convierte en un hervidero de actividad económica con el lanzamiento de múltiples licitaciones públicas en varios de sus municipios. Estos llamados a ofertas no solo garantizan el funcionamiento de servicios esenciales, sino que también inyectan cifras millonarias en la economía local.
La Municipalidad de Bragado busca concesionar la locación comercial de su confitería-restaurant y kiosco en la Estación Terminal de Ómnibus, una oportunidad para emprendedores con un presupuesto de $500.000. Por su parte, la Municipalidad de La Matanza convoca a empresas para la provisión de "Determinaciones", un término que engloba suministros variados, con un pliego valuado en $304.680.
Pero es la Municipalidad de Lanús la que pone en el tapete una cifra impactante: $299.710.000 para la adquisición de alimentos. Estos recursos están destinados a proveer a los merenderos del distrito, brindando asistencia a personas en situación de vulnerabilidad social. Una medida que, si bien necesaria, también expone la cruda realidad social que atraviesan miles de familias.
En Lobos, la Municipalidad lanza dos licitaciones para seguros: una por $89.000.000 para cobertura automotor, RC, AP y técnica, y otra por $200.000.000 para seguros de ART, vitales para el personal municipal. Finalmente, la Municipalidad de Malvinas Argentinas se lleva los titulares con una licitación monumental: ¡$3.993.000.000! para el mejoramiento de suelo mediante estabilizado químico y colocación de piedra partida en una superficie de 165.000 m². Una obra de infraestructura que promete transformar la calidad de vida de sus habitantes.
Estas licitaciones representan una inyección económica crucial para las empresas y un compromiso con los servicios públicos y el desarrollo local. La transparencia en cada proceso será clave para asegurar el mejor destino de los fondos públicos. Los interesados tienen plazo hasta marzo de 2026 para presentar sus ofertas.
