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Una catarata de disposiciones homologa acuerdos salariales y bonos para el Día del Trabajador Ferroviario. Desde APDFA hasta La Fraternidad, los trabajadores del riel blindan sus ingresos en un sector clave del Estado. ¿El fin de la puja salarial o una tregua costosa?
El Boletín Oficial se llenó de humo blanco (o vapor, en este caso) con una serie de homologaciones de acuerdos salariales que impactan directamente en el bolsillo de miles de trabajadores ferroviarios. En un despliegue de negociaciones colectivas, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano dio el visto bueno a pactos que incluyen nuevas condiciones salariales y un bono especial por el Día del Trabajador Ferroviario.
Las disposiciones 964/2025, 965/2025, 966/2025, 968/2025, 969/2025 y 970/2025 son la prueba de que, pese a la coyuntura económica, los gremios tienen poder de fuego. Aquí los protagonistas y sus acuerdos:
En todos los casos, se pactan condiciones salariales que buscan recomponer el poder adquisitivo y un bono para celebrar su día. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, con Mara Agata Mentoro a la cabeza, se encargó de ratificar estos consensos, asegurando que "no surge contradicción con la normativa laboral vigente".
Estos acuerdos son cruciales para mantener la paz social en un sector estratégico como el transporte ferroviario, gestionado mayormente por empresas estatales. La homologación oficial garantiza la validez de lo pactado y da certidumbre a los trabajadores y a las empresas. Sin embargo, también implica mayores costos operativos para estas compañías que, en muchos casos, dependen del Tesoro Nacional. La mención del Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (LCT) sobre el carácter salarial de las sumas pactadas es un recordatorio de las implicaciones legales y fiscales de estas mejoras.
Para los ciudadanos, la estabilidad en el transporte público es fundamental. Estos acuerdos buscan evitar conflictos que podrían paralizar servicios esenciales. La pregunta que queda es si estas mejoras son sostenibles a largo plazo sin afectar las tarifas o requerir mayores subsidios. El gobierno, a través de Capital Humano, se posiciona como garante de la negociación colectiva, un rol que genera opiniones divididas en la actual administración.
