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Una serie de resoluciones impacta en el ámbito educativo provincial, dando de baja por fallecimiento a docentes y personal de servicio. Un triste recordatorio del costo humano y el engranaje burocrático que procesa cada pérdida.
El Boletín Oficial se tiñe de luto con una alarmante seguidilla de resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación, todas ellas dictadas el 12 de febrero de 2026, que confirman el cese por fallecimiento de numerosos miembros de la comunidad educativa bonaerense. Desde profesores con décadas de trayectoria hasta personal de servicio, la provincia despide a quienes día a día sostenían sus escuelas. Entre los nombres que se suman a la lista de ausencias definitivas figuran:
Cada resolución, firmada por el Subsecretario Diego Hernán Turkenich, activa un proceso administrativo crucial: la Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones debe certificar los servicios, mientras que la Dirección de Liquidaciones de Haberes se encarga de gestionar el subsidio por fallecimiento para los beneficiarios, conforme al Decreto Ley N° 9507/80. Estos trámites, aunque rutinarios para la burocracia, representan el cierre de un ciclo de vida y trabajo para las familias de los fallecidos. Es un recordatorio sombrío de la gran cantidad de personal que sostiene la educación pública y la importancia de que estos procesos se realicen con la celeridad y sensibilidad que las circunstancias demandan. Para los ciudadanos, es fundamental saber que, ante una pérdida, existen mecanismos para acceder a los beneficios correspondientes, aunque la maquinaria estatal a veces parezca lenta o impersonal. La comunidad educativa, en cada distrito, siente estas ausencias.
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