Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional crean una "Mesa Conjunta de Coordinación" para que las Fuerzas Armadas refuercen la vigilancia en zonas de frontera. La medida formaliza una mayor intervención militar en la seguridad interior, generando debate sobre sus implicaciones.
El Gobierno Nacional ha dado un paso significativo en su política de seguridad y defensa con la creación de la "MESA CONJUNTA DE COORDINACIÓN", establecida por la Resolución Conjunta 68/2025 de los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional. Esta iniciativa busca que las Fuerzas Armadas complementen el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en las zonas de frontera, formalizando y expandiendo la intervención militar en la seguridad interior.
La Mesa, que operará en tres niveles (Ministros, Secretarios y Jefes de Fuerzas), tendrá como funciones principales la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de operativos territoriales. Su objetivo es "establecer un mecanismo interministerial permanente" para la vigilancia y control en las fronteras, un área históricamente sensible y compleja. La medida se ampara en el Decreto-Ley Nº 15.385/44 y la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, que permiten el refuerzo militar en zonas de frontera y apoyo logístico en ciertas circunstancias.
"Los despliegues respetarán lo contemplado en el Decreto N° 1112/24", se aclara en la resolución, intentando mantener los límites entre defensa y seguridad interna.
Si bien el Gobierno enfatiza el carácter complementario de la labor militar y la coordinación de esfuerzos, la decisión reabre el debate sobre la difuminación de los roles entre defensa nacional (agresión externa) y seguridad interior (prevención del delito y orden público). Para muchos, esta mayor presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría tener implicaciones en las libertades civiles y en la doctrina tradicional que separa ambas funciones.
Un aspecto clave es que las actividades no implicarán una erogación presupuestaria adicional, ya que se atenderán con los recursos asignados a cada jurisdicción. Sin embargo, la formalización de esta coordinación y la potestad de definir "zonas de despliegue" por parte del Primer y Segundo Nivel de la Mesa, genera interrogantes sobre la extensión y alcance de esta "mano dura" en las fronteras. La sociedad estará atenta a cómo se implementa este plan y si se respetan los delicados equilibrios institucionales.
