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El Ministerio de Seguridad impone la obligatoriedad de tareas de mantenimiento y limpieza no remuneradas para todos los internos del Servicio Penitenciario Federal, hasta cinco horas diarias. La medida busca combatir la ociosidad y "reparar el daño causado a la sociedad", generando un fuerte debate sobre derechos y rehabilitación en el sistema carcelario.
El Ministerio de Seguridad, bajo la batuta de Patricia Bullrich, ha dado un golpe de timón en el sistema penitenciario con la Resolución 1346/2024, que establece una medida que, sin duda, generará controversia y debate. A partir de ahora, todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) estarán obligados a participar en tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos. Y aquí viene lo más impactante: estas actividades podrán ser llevadas a cabo durante CINCO (5) horas diarias y no serán remuneradas.
La fundamentación del Ministerio es clara y tajante: la ejecución de la pena privativa de la libertad busca la reinserción social y la reducción de la reincidencia. Pero, además, se argumenta que los presos "no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto" y que el esfuerzo estatal debe orientarse a que "reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual". Se busca también combatir la ociosidad que, según el Ministerio, "conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden".
La obligatoriedad y la falta de remuneración para estas tareas, si bien se enmarcan en la idea de un "deber y obligación" derivado de la Constitución Nacional (que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias), levantan interrogantes sobre los derechos laborales de las personas privadas de su libertad y las interpretaciones de lo que constituye una verdadera rehabilitación. Mientras el Gobierno lo presenta como un paso hacia la disciplina y la reparación social, algunos sectores podrían denunciarlo como una forma de trabajo forzado o una medida punitiva que se aleja de los estándares internacionales. El SPF será el encargado de elaborar los planes y cronogramas, y controlar su cumplimiento. ¡Una política de "orden y limpieza" que promete encender la discusión!
