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El Gobierno extendió hasta junio de 2026 el plazo para que el Estado Nacional rescinda contratos con sus propias empresas y llame a licitaciones competitivas. Un freno a la prometida desregulación.
En un giro inesperado, el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto 928/2025, que prorroga hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional rescindan contratos con empresas estatales y lancen procedimientos de selección competitivos para la provisión de bienes y servicios. Esta medida, firmada por el Presidente Milei, Manuel Adorni y Diego César Santilli, es una extensión clave del Decreto N° 747/24, que buscaba eliminar las "prerrogativas de derecho público" de empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y Nación Seguros.
La decisión implica que, al menos por seis meses más, el Estado Nacional continuará con la facultad de ampliar y/o prorrogar contratos con sus propias empresas, postergando la apertura total a la competencia privada. El Gobierno argumenta que "subsisten otras contrataciones... que requieren la sustanciación de nuevos procedimientos licitatorios bajo la modalidad 'Acuerdo Marco', los cuales, por su complejidad técnica, administrativa y operativa, demandan plazos adicionales".
Esto es un golpe para las empresas privadas que esperaban ansiosas la oportunidad de competir en igualdad de condiciones por contratos millonarios en sectores como combustibles, pasajes aéreos y seguros. Aunque se han logrado algunos avances con licitaciones para cuentas sueldo y seguros de riesgos del trabajo, la extensión demuestra la dificultad de desmantelar rápidamente la red de beneficios estatales arraigada por años. La medida pone en evidencia la tensión entre la ideología desreguladora y la realidad burocrática y operativa del Estado. ¿Será esta una excepción o el inicio de más demoras en el camino hacia un mercado más libre?
31 de diciembre de 2025
31 de diciembre de 2025
31 de diciembre de 2025