¡MAREJADA LIBERAL! El Gobierno desregula la navegación y elimina 'serenos'

El Gobierno Nacional ha lanzado un torpedo desregulador al corazón de la navegación marítima, fluvial y lacustre con la aprobación del nuevo RÉGIMEN DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE (REGINAVE) mediante el Decreto 37/2025. Esta medida, en línea con la y el DNU 70/23, busca simplificar drásticamente los procedimientos, reducir las exigencias normativas y eliminar regulaciones que, según el Ejecutivo, se han vuelto innecesarias o redundantes.

La reforma es profunda y apunta a dinamizar el comercio nacional e internacional. Uno de los puntos más llamativos y de mayor impacto es la eliminación de la obligatoriedad de contratar serenos para los buques amarrados en puerto. Esta práctica, que databa del Decreto 890/80, es considerada obsoleta frente a los modernos estándares de seguridad establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI), que ya prevé otras medidas de protección para buques e instalaciones portuarias. La contratación de serenos ahora será totalmente opcional, lo que representa una importante operativos para las empresas navieras y de logística.

El decreto también deroga el artículo 1° del Decreto N° 770/19, consolidando la apuesta por la desburocratización. La Prefectura Naval Argentina será la Autoridad de Aplicación y deberá dictar las normas complementarias para celebrar acuerdos de servicios reglamentarios y de certificación de buques, conforme a las recomendaciones de la OMI.

"La presente reforma normativa se centra en la supresión de aquellas disposiciones que imponen el sometimiento del usuario a la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan redundantes en virtud de la duplicidad de autorizaciones y aprobaciones de igual tenor y fuerza legal."

Para el ciudadano común, esto significa una mayor eficiencia en el transporte de mercaderías, lo que podría traducirse en menores costos logísticos y, eventualmente, en precios más competitivos para productos que dependen de la vía acuática. Es un claro mensaje del gobierno de minimizar la incidencia gubernamental en el sector privado para incentivar el comercio y el desarrollo económico.