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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cancela la matrícula de 32 cooperativas y mutuales de todo el país, con una fuerte concentración en Chaco, impactando a diversos sectores. ¿Una depuración necesaria o un golpe a la economía popular?
Un cimbronazo sacude al sector de la economía social: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha resuelto cancelar la matrícula de 32 entidades, entre cooperativas y mutuales, de diversas provincias argentinas. Esta medida, drástica para las organizaciones afectadas, se enmarca en las facultades de control del organismo y genera interrogantes sobre el futuro de la economía popular.
El aviso oficial del INAES detalla una lista de cooperativas dedicadas a un amplio abanico de actividades: desde servicios generales, minería, provisión de servicios públicos, vivienda, crédito, consumo y transporte, hasta trabajo, agricultura, ganadería, turismo, apicultura y servicios culturales. La provincia de Chaco es la más afectada, con 20 cooperativas dadas de baja en un solo acto administrativo (Resolución 1584/25), lo que representa una purga masiva para la región.
Algunas de las entidades con matrícula cancelada incluyen:
Para las cooperativas y sus miembros, la cancelación de la matrícula implica la pérdida de su personería jurídica y la imposibilidad de operar como tales. Si bien no se especifica el motivo de cada baja, estas decisiones suelen responder a incumplimientos normativos, falta de presentación de documentación o inactividad prolongada. Es una medida de saneamiento del registro, pero que impacta directamente en la vida de miles de asociados y trabajadores.
Las entidades afectadas tienen a su disposición varias vías de recurso administrativo para impugnar la decisión, como la Revisión, Reconsideración, Aclaratoria o el Recurso de Alzada, con plazos que van de 5 a 30 días hábiles administrativos. También pueden optar por una acción judicial.
Para el ciudadano, este tipo de noticias resalta la importancia de la supervisión estatal sobre las entidades de la economía social, buscando garantizar su correcto funcionamiento y proteger a sus miembros. Sin embargo, la magnitud de las cancelaciones en una provincia como Chaco genera alarma sobre la capacidad de subsistencia de este modelo económico.
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