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El Ejecutivo avanza con una profunda reestructuración del Estado, disolviendo y transformando organismos vitales en áreas como transporte, agricultura, ciencia y control de concesiones. La movida genera incertidumbre y polémica, con la sombra de amparos judiciales sobre algunas decisiones.
El Gobierno Nacional ha lanzado una reorganización administrativa sin precedentes, afectando a una docena de organismos clave. Los Decretos 585/2025, 583/2025 y 584/2025 marcan un antes y un después en la estructura del Estado, prometiendo eficiencia pero generando un terremoto en diversas dependencias.
El Ministerio de Economía es el epicentro de esta reforma. Se confirmó la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la polémica Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Sus funciones, ahora atomizadas, recaen mayormente en la órbita de las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Industria y Comercio, así como en la ANMAT para el cannabis medicinal.
Pero no todo es cierre. Otros organismos sufren una transformación radical: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasa a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se convierte en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) son ahora unidades organizativas desconcentradas dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) también se vuelve desconcentrado.
"Esta medida no implica incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional", aseguran desde el Gobierno.
Por otro lado, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo de vital importancia social, pasa de ser autónomo y autárquico a un organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Si bien se promete resguardar su autonomía técnica y la confidencialidad de la información, el cambio de estatus genera interrogantes sobre su independencia real.
La restructuración no está exenta de conflictos. Medidas cautelares han frenado parcialmente la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), evidenciando la resistencia a estos cambios. Para los miles de empleados públicos afectados, la incertidumbre es total. La normativa establece que el personal de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, un detalle no menor en el contexto de un ajuste generalizado.
En resumen, el Gobierno de Milei avanza con su motosierra, rediseñando el mapa estatal con una celeridad asombrosa. Las implicaciones de estos cambios estructurales se sentirán en todos los rincones del país, desde la calidad del vino hasta la seguridad en las rutas y la investigación genética.
19 de agosto de 2025
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