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El Ministerio de Seguridad provincial destina más de 167 millones de pesos a un servicio de limpieza integral por contratación directa. La polémica se enciende por el método y la posibilidad de prórroga, mientras se definen los encargados de fiscalizar este jugoso negocio.
Una disposición del Ministerio de Seguridad ha encendido las alarmas en el Boletín Oficial, al autorizar una Contratación Directa N° 38/25 para el servicio de limpieza integral en sus dependencias. La suma es impactante: 167.400.000 pesos serán invertidos en un servicio que se extenderá por 365 días corridos, con inicio previsto para el 31 de enero de 2026.
La medida, amparada en el artículo 18, inciso 1 de la Ley N° 13981, genera interrogantes sobre la transparencia y la libre competencia. Si bien la normativa lo permite, un monto tan elevado para un servicio tan básico suele ser objeto de licitaciones públicas más amplias. El documento especifica que podrán presentarse ofertas "todos aquellos oferentes que hubieran descargado el pliego del portal", lo que podría limitar la participación a quienes ya estén al tanto de esta modalidad.
El servicio, propiciado por la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria, es crucial para el funcionamiento de las distintas oficinas del Ministerio. Sin embargo, la posibilidad de prorrogar el contrato hasta en un 100% abre la puerta a un gasto total que podría duplicar la cifra inicial, alcanzando los 334.800.000 pesos sin pasar por un nuevo proceso de selección.
El gasto será atendido con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2026. La Comisión de Preadjudicación estará conformada por Norma A. Bonadeo, Carolina Domante, Natalia L. Gabrielloni, Gerardo Sebastián Ermili y Valeria Yanina Fossaroli, cuyos DNIs fueron publicados. Ellos serán los encargados de evaluar las ofertas, bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria, que actuará como contraparte contractual.
Para el ciudadano común, esto significa que una parte significativa de los impuestos será destinada a un servicio esencial pero con un mecanismo de contratación que, si bien legal, genera dudas sobre la optimización de los recursos públicos. Mantenerse informado sobre el portal de compras provinciales es clave para seguir el destino de estos fondos.
