Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Seguridad adjudicó un jugoso contrato de $709 millones a DISTRIBON S.R.L. para proveer alimentos a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, tras una licitación millonaria donde varias empresas quedaron afuera por 'precios excesivos'.
¡Escándalo en las cocinas penitenciarias! El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la batuta de Patricia Bullrich, acaba de adjudicar un contrato que roza los $710 millones de pesos para garantizar el servicio de comidas en las unidades y complejos de Zona Ezeiza y Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La firma afortunada es DISTRIBON S.R.L., que se llevó los renglones 13 y 14 de la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 31-0057-LPU24.
Pero la noticia no viene sin su cuota de polémica. La licitación, que originalmente tenía un precio testigo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que superaba los $28 mil millones, dejó a un tendal de empresas con las manos vacías. Firmas como DELI FOOD S.A., BETTER CATERING S.A., FOODRUSH GASTRONOMIA S.A. y BAGALA S.A., entre otras, fueron declaradas inadmisibles o sus ofertas desestimadas por "precios excesivos" o por no cumplir con la normativa vigente. ¡Claramente, el Estado está buscando ajustar los gastos, incluso en algo tan sensible como la alimentación de los detenidos!
La resolución destaca que se buscó "resolver la adquisición de un servicio de comidas en cocido y viandas" para asegurar un servicio esencial. Sin embargo, la brecha entre el precio testigo inicial y el monto final adjudicado, sumado a la cantidad de oferentes rechazados por costos desorbitados, levanta varias cejas. ¿Estaban las empresas inflando los precios de forma desmedida, o el Estado busca ahorrar a toda costa en un contexto de austeridad? Lo cierto es que la comida en las cárceles es un tema delicado, y la transparencia en su contratación es clave para evitar futuras controversias. El gasto se atenderá con cargo a la cuenta Administración Central - Servicio Administrativo Financiero 331, y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal queda autorizada a emitir la orden de compra. ¡Un plato fuerte para los contribuyentes!