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Con una decisión administrativa de alto impacto, el Gobierno prorroga el Presupuesto 2023 para el 2025 y establece férreas reglas de control y rendición de cuentas, buscando la "continuidad y eficiencia" de los servicios.
La máquina administrativa del Estado arranca el 2025 con el freno de mano puesto. La Decisión Administrativa 3/2025, firmada por el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, confirma lo que era un secreto a voces: el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 se prorroga para regir durante todo el 2025, con adecuaciones institucionales. Esto significa que el Gobierno no contará con una ley de presupuesto propia, al menos por ahora, lo que implica un férreo control del gasto y una limitación de nuevas iniciativas.
La prórroga del presupuesto anterior, ya aplicada en 2024, es una señal inequívoca de restricción fiscal. Pero la decisión va más allá, estableciendo una serie de medidas que buscan maximizar la eficiencia y el control sobre cada peso gastado:
Esta decisión afecta a cada rincón del Estado y, por ende, a la vida de los ciudadanos. La prórroga del presupuesto implica que muchas partidas se mantendrán en valores nominales de dos años atrás, lo que en un contexto inflacionario representa un recorte real. La ciudadanía podría sentir el impacto en la calidad o disponibilidad de servicios públicos, ya que los organismos tendrán menos margen para operar o iniciar nuevos proyectos. Para los gestores, el desafío será administrar con creatividad y austeridad extrema para cumplir con los objetivos de gobierno.
"Es un presupuesto de guerra, enfocado en el control y la contención del gasto. La flexibilidad es mínima y la presión sobre los ministerios será enorme", sentenció un experto en finanzas públicas. La medida busca sentar las bases de una disciplina fiscal severa, pero la gran pregunta es cuánto resistirá el entramado estatal y social bajo estas condiciones.
