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La Secretaría de Minería simplifica drásticamente los trámites para los inversores, eliminando el papeleo inútil y perdonando declaraciones juradas "olvidadas".
¡Noticia bomba para el sector minero! La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía ha puesto el bisturí en la burocracia con la Resolución 59/2025, que promete una verdadera revolución en los trámites para las empresas. Se acabó el laberinto de formularios y las declaraciones juradas sin sentido: el objetivo es "mayor celeridad y transparencia" para los beneficiarios de la Ley 24.196 de fomento a la actividad minera.
El cambio más impactante es la "amnistía" para las declaraciones juradas del artículo 25 de la Ley 24.196 (proyecciones de tareas e inversiones) correspondientes a ejercicios anteriores a 2024 inclusive. Si no las presentaste o lo hiciste fuera de término, ¡tranquilo! Se considerarán "suplidas" con la presentación de la declaración jurada del artículo 18 (trabajos e inversiones efectivamente realizados). ¡Un alivio para muchas empresas que lidiaban con la inconsistencia de un sistema que pedía proyecciones de años ya pasados!
La resolución sustituye el anexo de la vieja Resolución 30/2018, simplificando procedimientos para la inscripción en el Registro de Inversiones Mineras. Esto no es solo una cuestión de papeles: agiliza los tiempos para que las empresas puedan acceder a los beneficios de la ley de fomento minero, como estabilidad fiscal.
Esta medida es un claro guiño a la inversión minera, un sector clave para la entrada de divisas y la generación de empleo. Al reducir la carga administrativa y eliminar trámites redundantes, el Gobierno busca hacer de Argentina un destino más atractivo para el capital extranjero y nacional en minería. Se espera que esto destrabe proyectos y acelere la llegada de nuevas inversiones.
"Esta simplificación es un paso fundamental para eliminar trabas y hacer más competitiva la minería argentina. La burocracia era un freno constante", declaró un representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
En un contexto de búsqueda de inversiones, esta resolución es una señal potente del compromiso del Gobierno con la desregulación y la simplificación administrativa, principios clave de la Ley 19.549. Para el ciudadano, esto significa un potencial impulso a la economía regional donde la minería es fuerte, aunque siempre con el ojo puesto en la sostenibilidad ambiental y social. Es una medida que, sin dudas, dará que hablar en el sector.
