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Con un decreto que busca desburocratizar el sector, el Ejecutivo agiliza la estabilidad fiscal para inversores mineros y centraliza la información geológica en el SEGEMAR. ¡Menos papeles, más inversión!
El Gobierno le mete turbinas al sector minero con el Decreto 449/2025, que apunta a desburocratizar y hacer más eficiente el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera (Ley N° 24.196). La meta es clara: atraer capitales privados y simplificar la vida de los inversores, todo en el marco de la Ley de Bases.
La principal novedad es la agilización del certificado de estabilidad fiscal. Antes, este documento debía detallar toda la carga tributaria nacional, provincial y municipal, un proceso que solía demorar años. Ahora, el certificado solo indicará la fecha de presentación del estudio de factibilidad, y esa será la referencia para definir la carga tributaria total. ¡Un cambio que promete menos trámites y más rapidez para las empresas mineras!
Pero no todo es "barra libre". Para garantizar el control, las empresas inscriptas deberán presentar anualmente una declaración jurada de trabajos e inversiones, acompañada por un informe técnico de un profesional independiente. Esto busca fortalecer la calidad de la información y asegurar el cumplimiento de los compromisos, sin que la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Minería) tenga que recorrer cada rincón para verificar.
Otro punto clave es la reorganización del Banco Nacional de Información Geológica. Este banco, que registra toda la información geológica del país, pasará a depender orgánicamente del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR). Anteriormente, la Secretaría de Minería también tenía injerencia, lo que generaba superposición de tareas. Con esta movida, el Gobierno busca mayor eficiencia y evitar redundancias, dejando al SEGEMAR, el organismo especializado, a cargo de esta vital base de datos.
Este decreto es un guiño directo a la industria minera, que verá facilitados sus procesos administrativos y una mayor certidumbre jurídica en cuanto a la estabilidad fiscal. Para el ciudadano, significa que el Estado busca potenciar una actividad económica clave, esperando que esto se traduzca en más empleo y desarrollo regional, aunque siempre bajo la lupa de un control técnico reforzado.
Sugerencia para el lector: Las empresas mineras deben asegurarse de contar con el informe técnico de un profesional independiente para sus declaraciones juradas anuales, ya que esto será clave para validar sus inversiones y beneficios fiscales.
