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Una serie de decretos presidenciales sacude los cimientos del Estado, disolviendo fondos fiduciarios clave, reorganizando hospitales, vialidad y seguridad vial, y transformando entes de agricultura, industria y cannabis. La promesa: menos gasto y más eficiencia, pero el impacto en servicios y empleo es una incógnita.
El Poder Ejecutivo Nacional, amparado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, ha desatado una verdadera tormenta de decretos que reconfigura drásticamente la estructura del Estado. Con la premisa de "mejorar el funcionamiento", "reducir el sobredimensionamiento" y "transparentar el gasto", la administración de Milei ha puesto la motosierra en marcha, impactando en ministerios clave como Economía y Salud.
Primero, se disuelven tres fondos fiduciarios emblemáticos: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Las auditorías de la SIGEN fueron lapidarias: baja aplicación de recursos, pérdidas por inflación, incumplimientos en la estructura de personal y hasta irregularidades en contrataciones. El Ministerio de Economía y el de Seguridad Nacional (para el Fondo del Manejo del Fuego) asumen las riendas de los programas y las contribuciones, prometiendo una gestión más austera y eficiente. ¡Un golpe directo a la "caja de la política"!
En el ámbito de la salud, la limpieza es profunda. Se deja sin efecto la facultad de constituir los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y se disuelven las Delegaciones Sanitarias Federales. ¿El argumento? Ineficacia, deudas provinciales y un "sobredimensionamiento" que afectaba la sostenibilidad financiera. Un instituto de enfermedades cardiovasculares, creado por ley y que nunca llegó a funcionar, es eliminado. El Instituto Nacional del Cáncer se transforma en una unidad del Ministerio de Salud. Pero la medida más resonante es la fusión de cinco hospitales nacionales gigantes: el "Doctor Baldomero Sommer", el "Profesor Alejandro Posadas", el "Doctor Ramón Carrillo", el "Juan Otimio Tesone" (INAREPS) y el "Licenciada Laura Bonaparte". Todos ellos ahora formarán parte de una nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un superorganismo descentralizado que centralizará la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, manteniendo la especialización de cada nosocomio. La promesa es "optimizar el uso de los recursos públicos, reducir costos administrativos y mejorar la calidad de la gestión sanitaria". ¿Será el camino a una atención más eficiente o una burocracia centralizada?
El sector del transporte no se salva del vendaval. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial son disueltas. Las funciones de planificación y licitaciones de la DNV pasan al Ministerio de Economía, mientras que la fiscalización de concesiones viales y accidentes ferroviarios recae en una renovada Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ahora se llamará "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte". La Gendarmería Nacional Argentina asume el control del tránsito en rutas nacionales, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) se reorienta exclusivamente a la aviación civil, transformándose en la "Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación". El Gobierno asegura que esto "optimizará el uso de los recursos públicos" y "reforzará los mecanismos de control", pero la magnitud del cambio genera incertidumbre sobre la capacidad operativa de las nuevas estructuras.
Finalmente, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con la Comisión Nacional de Semillas, son disueltos. Sus funciones se reparten entre la ANMAT (para cannabis medicinal), la Secretaría de Industria y Comercio (cáñamo industrial) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (semillas y agricultura familiar). El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) son transformados de organismos descentralizados a unidades organizativas dentro de Secretarías o a organismos desconcentrados. La justificación: estructuras "sobredimensionadas", "circuitos administrativos redundantes" y "burocratización excesiva" que frenaban el desarrollo. "Menos Estado, más mercado", parece ser la consigna, aunque la centralización de estas funciones bajo la órbita de los Ministerios genera dudas sobre la agilidad y la especificidad técnica.
