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El gobierno acelera la cobertura de puestos estratégicos en la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Justicia. Designaciones transitorias que buscan garantizar el funcionamiento estatal en medio de la reestructuración.
El engranaje del Estado sigue moviéndose con nombramientos transitorios que buscan aceitar la maquinaria administrativa. En esta ocasión, el Boletín Oficial nos trae dos designaciones clave en la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Justicia.
Por un lado, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Elizabeth Milei, da por asignadas, a partir del 13 de mayo de 2025, las funciones de Coordinador de Economato al Sr. Matías Fernando GARABANI (DNI N° 33.335.784). Este puesto, de Nivel B - Grado 0 y Función Ejecutiva Nivel IV del SINEP, se cubre de forma transitoria y excepcional, asegurando el normal desenvolvimiento de la Dirección de Casa de Gobierno. El movimiento busca garantizar la provisión y gestión de servicios generales de la Presidencia.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia, a través de su Subsecretaría de Gestión Administrativa, designa transitoriamente y con carácter "Ad Honorem", a partir del 26 de mayo de 2025 y por 180 días hábiles, al abogado Patricio Quinto José GILLIGAN (D.N.I. N° 27.092.941) como Director Nacional de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad de Automotor y Créditos Prendarios. Un cargo de Nivel A, Grado 0 del SINEP, que se cubre con urgencia para asegurar la continuidad de una de las áreas más sensibles del ministerio, especialmente en un contexto de posibles reformas.
Aunque se trata de movimientos de personal que suelen pasar desapercibidos, son fundamentales para la operatividad diaria de la Administración Pública Nacional. Estas designaciones transitorias, a menudo con carácter de excepción, reflejan la necesidad de cubrir rápidamente vacantes en un contexto de reestructuración y contención del gasto. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre la estabilidad de los equipos y la planificación a largo plazo. Para el ciudadano, significa que las oficinas públicas seguirán funcionando, pero la eficiencia y la continuidad dependerán de la rapidez con la que se logren las coberturas definitivas.
