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Renuncias y designaciones marcan el ritmo en el Ministerio de Economía y la flamante ANPYN. Cambios en la Subsecretaría de Recursos Hídricos y un nuevo Gerente de Asuntos Jurídicos. La maquinaria estatal se reacomoda en áreas clave.
El Boletín Oficial de hoy revela un reacomodamiento en las filas del Ministerio de Economía y en la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Se oficializó la renuncia del ingeniero Andrés RODRIGUEZ a su cargo de Subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, efectiva desde el 11 de febrero de 2025. En su lugar, el Presidente de la Nación designó al licenciado en Economía Bernardo Bartolomé HEREDIA, quien asumirá sus funciones a partir del 12 de febrero.
Este cambio en un área tan sensible como la gestión hídrica, que impacta directamente en obras de infraestructura y manejo de recursos vitales, sugiere una renovación en la visión y ejecución de políticas para el sector.
Paralelamente, la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), un ente autárquico que depende del Ministerio de Economía y que fue creado a principios de este año, también tuvo su propio movimiento. Designaron al Dr. Gustavo Horacio FERRERO como Gerente de Asuntos Jurídicos. Ferrero, quien proviene de la Administración General de Puertos Sociedad Unipersonal (actualmente en liquidación), asume con la tarea de consolidar el marco legal de esta nueva entidad. Su experiencia previa podría ser crucial para la operatividad jurídica de una agencia que ya enfrenta desafíos importantes, como la licitación de la Vía Navegable Troncal.
Estos nombramientos, si bien son de carácter administrativo, son los engranajes que hacen funcionar la compleja maquinaria estatal. Reflejan la consolidación de equipos en áreas clave y la búsqueda de perfiles que impulsen la agenda del gobierno. Para el ciudadano común, estos cambios definen la eficiencia y la dirección de políticas que, a mediano y largo plazo, sí tendrán un impacto concreto en su vida diaria, desde la infraestructura hasta la seguridad jurídica de las operaciones portuarias.