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El Ministerio de Defensa de Luis Petri designa a figuras clave en áreas sensibles de cooperación internacional y gestión meteorológica, con nombramientos transitorios que buscan asegurar el funcionamiento del Estado, aunque uno de ellos con "autorización excepcional".
El Ministerio de Defensa, bajo la gestión de Luis Petri, ha movido fichas importantes en su estructura, según se desprende del Boletín Oficial. Se trata de dos resoluciones que oficializan nombramientos transitorios en áreas estratégicas, buscando mantener la operatividad y la eficiencia del Estado.
Por un lado, la Resolución 581/2025 designa a la abogada Elizabeth Nancy Soledad MORENA VAZQUEZ (D.N.I. N° 35.351.309) como Coordinadora de Asuntos y Eventos Bilaterales y Multilaterales. Este cargo, clave para la diplomacia de defensa y la relación con otros países, estará bajo su órbita de manera transitoria por 180 días hábiles. Lo llamativo es que la designación se realiza con "autorización excepcional" por no reunir todos los requisitos mínimos del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP, lo que sugiere una urgencia o una particular valoración de su perfil por parte de la cartera. Se autoriza el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV.
Por otro lado, la Resolución 586/2025 aborda la continuidad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante la vacante en la Dirección Nacional de Planificación y Gestión de la Información Meteorológica, se asignan transitoriamente las funciones a la Licenciada María de la Paz ALFARO (DNI N° 25.557.207). Alfaro, quien ya es parte de la planta permanente del SMN, asume el rol por "subrogancia", una figura que le permite ocupar el puesto superior por un período que puede extenderse hasta tres años, percibiendo los suplementos correspondientes a la Función Ejecutiva Nivel I. Esta medida busca "garantizar el eficiente funcionamiento y el normal desenvolvimiento" de un organismo vital para la prevención de desastres y la información climática.
Ambos nombramientos, aunque transitorios, reflejan la necesidad del Estado de asegurar la continuidad de funciones críticas y la toma de decisiones, incluso si ello implica recurrir a mecanismos excepcionales o de subrogancia. Para los ciudadanos, estos movimientos son un indicador de cómo se gestiona el personal en los niveles superiores de la administración pública y la importancia que se le da a la operatividad de los organismos.
