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La Unidad de Información Financiera impone sanciones que superan los $500 millones a una mutual y a varios de sus directivos por graves incumplimientos en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¡Un golpe sin precedentes a la economía social!
Un verdadero terremoto sacude al sector de las mutuales. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dictado una resolución que impone multas históricas, que ascienden a más de 500 millones de pesos, a la ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES SOLIDARIOS (CUIT N° 30-71039143-9) y a varios de sus directivos. La razón: una serie de graves incumplimientos en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLA/FT). Este edicto, publicado por la UIF, es un claro mensaje de mano dura contra quienes no cumplan con la normativa.
La resolución detalla un sinfín de fallas que van desde la falta de reporte de operaciones sospechosas (la infracción más costosa), hasta la ausencia de identificación del beneficiario final, pasando por la insuficiente identificación y conocimiento del cliente, la omisión de declaraciones juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), y la falta de chequeo de listados de terroristas. Además, se sanciona la carencia de herramientas tecnológicas adecuadas y la falta de registros de análisis de operaciones inusuales.
Las multas individuales para los directivos, en su carácter de órganos de administración, también son colosales, alcanzando cifras de $16.571.363,82, $484.829.262,95 y $27.082.892,60 por la falta de reporte de operaciones sospechosas en distintos períodos. La mutual, por su parte, deberá afrontar una multa total de $529.683.519,37.
"Los hechos investigados constituyen un incumplimiento a las obligaciones estatuidas por los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246, vigente al momento de los hechos, y diversas resoluciones de la UIF."
La decisión de la UIF es contundente y sienta un precedente para todas las entidades consideradas "sujetos obligados" en la lucha contra el crimen financiero. Para los ciudadanos comunes, esto refuerza la importancia de la transparencia en las instituciones financieras y mutuales, y destaca el riesgo de asociarse o realizar operaciones con entidades que no cumplen con las normativas anti-lavado. La resolución agota la vía administrativa, pero los sumariados tienen 30 días hábiles judiciales para recurrir directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La UIF también comunicará la medida al INAES, el organismo que regula a las mutuales, para que tome las acciones correspondientes.
