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Una lluvia de edictos aduaneros pone en jaque a decenas de personas en Santo Tomé. Desde multas de miles hasta *62 millones de pesos*, la AFIP va a fondo contra las infracciones, con la amenaza de confiscar mercadería y entregarla a la Presidencia. ¡El Código Aduanero no perdona!
La Aduana de Santo Tomé ha desatado una verdadera cacería de infractores, publicando no uno, sino dos edictos que revelan la magnitud de la lucha contra el contrabando y las irregularidades aduaneras. Decenas de personas han sido citadas o notificadas por resoluciones firmes, enfrentando multas que van desde modestos miles hasta sumas escandalosas que superan los 62 millones de pesos y tributos en dólares.
El primer edicto (Aviso Oficial ID 27935) cita a 25 individuos, incluyendo a Guillermo Matías Justen (DNI 35.014.666) y Edgar Nilson Mieres (DNI 33.132.080), por presuntas infracciones a los artículos 985 y 987 del Código Aduanero. Las multas mínimas son impactantes: a Mieres y a otros dos se les exige una base de $62.874.254,86 ¡además de U$S 30.295,94 en tributos! Se les da un plazo perentorio de diez días para presentar su defensa, bajo apercibimiento de rebeldía y, lo más grave, la posibilidad de que su mercadería sea puesta a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El segundo edicto (Aviso Oficial ID 27936) notifica a otros 25 implicados, como Ramón Reinaldo Ruiz (DNI 28.001.042) y Aldo Javier Montenegro (DNI 27.483.643), sobre resoluciones y fallos definitivos. Aquí, las multas varían, con casos como el de Montenegro que asciende a $30.776.567,25. A estos infractores se les informa sobre sus derechos de apelación ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres o el Tribunal Fiscal de la Nación, dependiendo del monto controvertido.
Esta ofensiva de la Aduana de Santo Tomé es un claro mensaje a quienes intentan evadir controles: "Aquí no se jode". Las cifras demuestran que las infracciones aduaneras no son un juego, y las consecuencias pueden ser devastadoras para el patrimonio personal. La Ley 25.603, que permite la disposición de la mercadería por parte del Estado, es una herramienta poderosa que la Aduana no duda en utilizar.
"Estamos ante una clara señal de endurecimiento en los controles fronterizos y una mayor eficiencia en la persecución de delitos aduaneros. Nadie puede decir que no fue advertido", comentó un experto en comercio exterior.
