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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dio de baja a decenas de entidades en todo el país, desde agrícolas hasta de trabajo y consumo. ¿Qué pasa con el sector social de la economía?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha desatado una verdadera purga en el sector, cancelando la matrícula y retirando la autorización para funcionar a un listado impactante de cooperativas y mutuales a lo largo y ancho del país. La medida, notificada a través del Boletín Oficial, afecta a más de 70 entidades, abarcando desde cooperativas agrícolas y de trabajo hasta mutuales de empleados públicos y de transporte.
La lista de afectadas es extensa y diversa, con presencia en Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. Se observan cancelaciones en rubros clave como:
"Esta ola de cancelaciones genera incertidumbre y preocupación en un sector que ya viene golpeado", advierten referentes de la economía social.
La cancelación de matrícula o el retiro de autorización para funcionar significa, en la práctica, que estas entidades pierden su personería jurídica y no pueden operar legalmente. Esto impacta directamente en sus miembros, que pueden perder beneficios, servicios o fuentes de trabajo. Si bien el INAES no detalla los motivos específicos en este aviso, estas acciones suelen deberse a incumplimientos de la normativa vigente, falta de presentación de balances o irregularidades administrativas.
Para las entidades afectadas, el Boletín Oficial detalla los recursos legales disponibles: desde la revisión y reconsideración hasta el recurso jerárquico o de alzada, con plazos que van de los 5 a los 30 días hábiles administrativos. Sin embargo, el mensaje del INAES es claro: tolerancia cero con las irregularidades y un llamado a la transparencia y el cumplimiento para todas las organizaciones de la economía social. Esta "limpieza" podría interpretarse como un intento del Estado de sanear el padrón y fortalecer la credibilidad de las cooperativas y mutuales que operan correctamente.
