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La Subsecretaría de Transporte bonaerense aplicó sanciones que superan los dos millones de pesos a un particular y una empresa por operar servicios de pasajeros sin autorización y con personal no registrado, dejando un mensaje claro a los infractores.
La provincia de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Transporte, puso el ojo y la billetera sobre quienes no cumplen las reglas en el servicio de transporte de pasajeros. En una serie de operativos que sacudieron las rutas, se aplicaron multas contundentes que superan los dos millones de pesos a particulares y empresas.
El señor Mandl Walter Eduardo (DNI 14.815.113) fue interceptado en Ruta Provincial N°11 (San Clemente del Tuyú) el 26 de julio de 2025 por realizar un servicio de Pacheco a San Clemente sin estar ajustado al régimen autorizado y con un conductor (él mismo) sin el Registro de Servicios de Personal de Pasajeros de la Provincia (R.S.P.P.P.). La sanción fue de $2.040.043 por infracciones graves.
Pero no fue el único. La empresa BLUE SKY - VIAJES S.R.L. (CUIT 30-71658990-7) también cayó en la red. El 29 de noviembre de 2024, en la Ruta 6 y Ruta 215 (La Plata), se constató que su vehículo Dominio LID863 realizaba un servicio intercomunal desde Ituzaingó hasta Mar del Plata sin autorización. La multa para esta firma ascendió a $571.320.
Otro caso similar involucró a Acevedo Cristian Javier (DNI 28.508.709), quien el 6 de agosto de 2025 fue sancionado porque el conductor de su vehículo (Raush, Lucas Gabriel, DNI N° 39.707.474) no poseía el R.S.P.P.P. mientras transportaba 40 pasajeros de Malvinas Argentinas a La Plata.
Estas disposiciones, amparadas en el Decreto Ley N° 7647/70 de Procedimiento Administrativo y el Decreto N° 6864/58, no solo buscan recaudar, sino ordenar un sector clave para la seguridad de los ciudadanos. Se insta a los infractores a regularizar su situación o enfrentar las consecuencias.
“Quienes operan fuera de la ley ponen en riesgo a los pasajeros y generan una competencia desleal. La Provincia está firme en el control,” podría ser la lectura detrás de estas medidas.
Los sancionados tienen un plazo de diez días hábiles para recurrir o veinte días para pagar la multa, con la opción de adherirse a un “Régimen de regularización de deudas” en cuotas, un salvavidas para quienes quieran ponerse al día. Esto es crucial para los transportistas que buscan operar legalmente y para los usuarios que esperan servicios seguros y regulados. La transparencia y el cumplimiento de las normativas son la base de un sistema de transporte confiable.
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